En un contexto donde no existe una regulación clara sobre su constitución, alcances y obligaciones, estas entidades parecen moverse con autonomía absoluta, ajenas a la voluntad colectiva de la comunidad.

Vecinos de la Primera Sección de Lomas Verdes han manifestado su inconformidad ante lo que consideran una decisión arbitraria de su asociación vecinal. Según señalan, se habría avalado el acceso vehicular de nuevos desarrollos inmobiliarios a través de la caseta de ingreso de esta sección, a pesar de que dichos fraccionamientos no cuentan con una vialidad propia.

Los residentes expresan su preocupación por el impacto que esto podría tener en la seguridad y el control del flujo vehicular, ya de por sí saturado. Aseguran que no fueron consultados y que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta antes de tomar esta determinación.

En la Sexta Sección de Lomas Verdes, la situación también genera inquietud. Diversos residentes han señalado públicamente su descontento por lo que consideran una falta de transparencia en el manejo de las cuotas de mantenimiento por parte de la asociación vecinal. Indican que llevan más de dos años solicitando sin éxito reportes financieros claros, y que existe una percepción generalizada de que las decisiones se toman sin consultar ni convocar formalmente a la comunidad.

Algunos vecinos incluso denuncian que las autoridades de la asociación han promovido reelecciones irregulares o dejado en el cargo a personas cercanas a ellos, lo que a su juicio perpetúa dinámicas cerradas de poder.

Uno de los puntos que más inquietud ha generado entre los residentes, según sus propios señalamientos, es el presunto pago a proveedores con montos que consideran excesivos y sin una justificación clara. Entre estos casos, destaca el de un abogado que, de acuerdo con varios testimonios vecinales, ha recibido honorarios elevados por servicios legales cuyo impacto real no ha sido debidamente explicado.

Los vecinos aseguran que, a pesar de que en asambleas comunitarias se ha votado por suspender dicho pago, la asociación ha decidido mantenerlo. Esta situación, afirman, alimenta sospechas sobre posibles intereses particulares dentro de la mesa directiva, ya sean de tipo económico, personal o político. Algunos residentes incluso han denunciado haber recibido presiones por parte de la asociación al insistir en que se revise a fondo esta relación contractual.

Estos casos no son hechos aislados. Son síntomas de un problema estructural más profundo: la ausencia de regulación sobre las asociaciones vecinales en el Estado de México. En la práctica, estas organizaciones pueden convertirse en cotos de poder, donde unos pocos imponen su voluntad, manejan recursos comunes sin rendir cuentas y perpetúan estructuras cerradas que excluyen la participación ciudadana. Este vacío normativo permite que intereses personales —ya sean económicos, políticos o de control territorial— prevalezcan sobre el bien común.

La experiencia de Lomas Verdes evidencia una urgente necesidad de legislar sobre el funcionamiento de las asociaciones vecinales. Mientras sigan operando sin regulación ni mecanismos de supervisión externa, continuarán reproduciéndose dinámicas de abuso, exclusión y discrecionalidad. Las asociaciones vecinales deben ser espacios de diálogo y representación real, no plataformas para el beneficio de unos cuantos.

El Estado de México necesita con urgencia establecer reglas claras que garanticen la transparencia, la participación democrática y el respeto a los derechos de todos los residentes. La voz de los vecinos no puede seguir siendo ignorada.